Uno de los escenarios más activos en nuestra legislación actual para la superación de una situación de crisis económica empresarial consiste en la posibilidad de al mismo tiempo de instar un concurso de acreedores voluntario, solicitar la venta de una o varias unidades productivas.
Ello permite mediante un procedimiento ágil y breve, desligar el endeudamiento generado en la sociedad transmitente respecto a la unidad productiva que se transmite concluyendo el procedimiento concursal en un plazo más breve y menos costoso.
De esta manera, un negocio viable que está siendo explotado inicialmente por una sociedad sobreendeudada es traspasado a otra sociedad sin el lastre de dicho endeudamiento, lo cual permite garantizar la continuidad de la actividad empresarial en términos de viabilidad.
Pero la misma técnica puede realizarse en el caso de que una empresa no pueda garantizar la continuidad empresarial, pues de esta manera, podrán realizarse o venderse sus bienes, con importantes ahorros en costes de realización.
La legislación actual, ha motivado el interés de los inversores, nacionales e internacionales, en la adquisición de unidades productivas viables o no viables, lo que permite acelerar las posibilidades de continuidad o liquidación en su caso, de la empresa.
La venta de la unidad productiva implica transferir un conjunto de activos, contratos y empleados de una empresa en concurso a un comprador interesado, permitiendo la continuidad de la actividad económica. Es una solución que protege el valor empresarial y los puestos de trabajo, mientras se saldan deudas con los acreedores.
Cualquier persona física o jurídica interesada puede adquirirla, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la administración concursal y garantice la viabilidad de la actividad. Incluso los antiguos socios o administradores de la empresa pueden participar bajo ciertas condiciones legales.
Permite maximizar el valor de la empresa en lugar de liquidar sus activos por separado. Además, facilita la continuidad del negocio, protege empleos y puede agilizar la resolución del concurso, beneficiando tanto a los acreedores como a la empresa deudora.